Organizaciones sindicales y sociales planificaron una concentración para este martes al mediodía frente a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Buenos Aires, en apoyo a Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por decisión judicial. Tras la movilización, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) analizará posibles medidas de fuerza.
Distintos sindicatos y organizaciones sociales planificaron para este martes al mediodía un “abrazo” a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400, en el barrio porteño de Monserrat, en defensa de Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por la Justicia de la conducción del sindicato.
Según informaron los organizadores, el sector que respalda a Furlán y sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) buscan reunir un número significativo de manifestantes como demostración de fuerza. La movilización se produce luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades del 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es una de las organizaciones que confirmó su participación. Su titular, Rodolfo Aguiar, afirmó que “si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos” y agregó que “tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.
Tras el “abrazo”, los principales miembros del FRESU —que incluye a la UOM, ATE, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 entidades— se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza contra el fallo judicial. Aguiar anticipó su propuesta: “El único camino es la huelga general por tiempo indeterminado”.
En declaraciones periodísticas, Furlán sostuvo que “cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar a la organización sindical más importante de la industria” y que “hoy lo intentan en democracia por primera vez: pretenden desplazar a toda la conducción nacional elegida por los trabajadores en medio de una ofensiva contra los derechos laborales”. Furlán calificó el fallo como “arbitrario, injusto y malintencionado” y afirmó que “la dictadura y este gobierno atacan igual: intervienen a la UOM para destruir el salario”.
El dirigente también responsabilizó a la lista opositora, “derrotada en las elecciones” de la UOM Campana-Zárate, por recurrir a la vía judicial: “El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”.
En su fallo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana. El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo. La denuncia reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día. Según el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y optó por extender las elecciones a tres jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta.
Los jueces observaron que no quedó probado que la Junta Electoral notificara formalmente a la Lista Naranja una respuesta fundamentada a su impugnación antes de la culminación de los comicios. La supuesta notificación presentada como prueba no resultó válida, ya que no hubo constancia fehaciente de su envío, ni se ofreció prueba informativa adicional por parte de las autoridades demandadas.
Entre los argumentos centrales, los camaristas remarcaron que la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio. El fallo consideró además que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.
Por estos motivos, los camaristas dispusieron la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri. Le otorgaron un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.