La Asociación de Fiscales (AF) presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la política de nombramientos de la Fiscalía General del Estado, que considera basada en afinidad ideológica.
La Asociación de Fiscales (AF) presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la política de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado. Según la AF, dicha política se basa en afinidad ideológica, luego de que el Tribunal Constitucional anulase sentencias del Tribunal Supremo que rechazaron el nombramiento del fiscal jefe de Menores, Eduardo Esteban Rincón, acordado por la exjefa de la Fiscalía Dolores Delgado.
En un comunicado emitido este lunes, la AF sostuvo que las resoluciones del Tribunal Constitucional consolidan un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad.
El Tribunal Constitucional anuló dos fallos del Tribunal Supremo que rechazaron el nombramiento de Esteban Rincón como fiscal de Sala de menores, al considerar que vulneraron el derecho fundamental del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
Cristina Dexeus, presidenta de la AF, declaró que la demanda fue presentada porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, donde la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad.
Dexeus añadió que el Tribunal Constitucional legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el cargo.
La asociación advirtió que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional, al debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución del Estado de derecho.
La AF estimó que esta situación proyecta sus efectos sobre la función pública en general, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad. Dexeus señaló que se rompe un pilar esencial del Estado de derecho al sustituir mérito y capacidad por criterios de afinidad.
La demanda también plantea una posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al haberse adoptado decisiones relevantes con la intervención de un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida.