A dos meses del anuncio presidencial de nueve meses de actividad parlamentaria, el Congreso debate proyectos que no abordan los problemas sociales urgentes, mientras el Ejecutivo enfrenta controversias internas y críticas por sus prioridades.
La agenda del Gobierno parece estar paralizada. El anuncio del presidente Javier Milei del 1 de marzo, de nueve meses ininterrumpidos de actividad parlamentaria mediante el envío de 90 paquetes de reformas estructurales, ha quedado en el olvido. Ninguno de los proyectos que por estos días se discuten en el Congreso aborda los problemas que atraviesa la mayor parte de la sociedad: la caída del poder adquisitivo, del empleo, del servicio de salud, la inseguridad o la carencia de infraestructura.
En cambio, entre las prioridades de la Casa Rosada figura el envío de los pliegos de ascensos a jueces y fiscales. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está logrando cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que ascendían a más del 30%, pero lo hace negociando con representantes del kirchnerismo, la familia judicial, el PRO, el radicalismo, gobernadores amigos y hasta el tándem Chiqui Tapia-Pablo Toviggino. “Mahiques no es Milei, es la familia judicial y está cumpliendo con los pedidos, con favores y nombrando propios también, construyendo su poder”, describe un funcionario judicial.
El 28 de abril, el ministro Luis Caputo fue el principal orador en una cena ante más de cien empresarios en Bariloche, en el Foro Llao Llao. Allí juró que “el riesgo kuka no existe y no hay posibilidad de que (Axel) Kicillof sea presidente en Argentina”. La intención era llevar calma a los mercados. Dos semanas después, en una conferencia en Casa Rosada junto a Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, donde se prohibió hacer preguntas al Jefe de Gabinete, Caputo debió responder sobre por qué no baja el riesgo país. Visiblemente nervioso, cambió el libreto y dijo que “el riesgo país no bajaba por el riesgo kuka”, apelando a la ironía.
El 29 de abril, Milei concurrió al Congreso para apoyar el informe de Adorni, ordenando que todo el gabinete asistiera. Dos semanas después, el mandatario tuvo que salir desde Estados Unidos en una entrevista televisiva para defender a Adorni y atacar al periodismo y al testigo Matías Tabar. Milei tildó al contratista de “militante kirchnerista”, aunque en realidad siempre había sido antikirchnerista y votante macrista y libertario. Además, Milei tuvo que aclarar que él es quien manda en el Gobierno, luego de que Patricia Bullrich planteara que Adorni debía dar explicaciones.
En la oposición no kirchnerista, figuras como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) creen ver un patrón de conducta que se nutre de varias “cajas”, vinculando el caso Adorni con el negocio de Tech Forum y Mauricio Novelli, además del lanzamiento de la cripto LIBRA que involucra a Milei. También ponen el foco en la Fundación Foro que dirige Agustín Laje, la cual habría manejado “de 2025 a 2026 más de 800 mil dólares en publicidades en redes sociales”.