El sistema de salud de la seguridad social en Argentina enfrenta un desfinanciamiento estructural que, según especialistas, requiere reformas técnicas urgentes, aunque su viabilidad política es incierta en el contexto actual.
El sistema de salud de la seguridad social en Argentina atraviesa una crisis que va más allá de los problemas de gestión o de la incorporación reciente de las prepagas. Según Jorge Colina, economista y presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), se trata de un desfinanciamiento estructural documentado por la CGT: el recurso mensual promedio por beneficiario es de $67.525, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $85.000, una brecha del 26% que se ha ido acumulando durante décadas.
“Estamos en un sistema de obras sociales y prepagas desfinanciado y que va camino a un desfinanciamiento mayor”, sintetiza Colina. El diagnóstico es contundente: el 67% de los trabajadores tiene aportes por debajo del promedio de $67.525, y se suman unos 2 millones de monotributistas que aportan apenas $22.000 por mes, menos de la cuarta parte del costo del PMO.
El cambio más reciente —la eliminación en 2025 de la “derivación de aportes” e incorporación directa de las prepagas a la seguridad social— no resuelve el problema de fondo. Al contrario, lo agrava: las prepagas, que hasta ahora podían seleccionar a los afiliados con mayores aportes, ya no pueden rechazar a los de menores ingresos. El sistema quedó conformado con 290 obras sociales (64% de la recaudación) y 50 prepagas (36% restante), pero los recursos no alcanzan.
La raíz del problema tiene historia. El PMO fue creado en 1996 como un conjunto acotado de prestaciones médicas básicas. Desde el año 2000, el Congreso incorporó servicios que exceden lo estrictamente médico: discapacidad, educación especial, transporte, modificaciones edilicias, salud mental, adicciones y, en algunos proyectos, cuidado geriátrico. A eso se sumaron innovaciones médicas como los medicamentos biológicos y una avalancha de amparos judiciales (estimativamente uno por cada 1.000 afiliados).
Según IDESA, la salida pasa por dos medidas. La primera es depurar el PMO: devolver al Estado la responsabilidad de financiar lo no estrictamente médico (discapacidad, adicciones, salud mental), como ocurre en Uruguay, Chile o Europa. La segunda es redirigir el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) —que hoy asigna recursos casi de forma pareja— para focalizarlo en los afiliados de menores aportes. “La redistribución del FSR es técnica y políticamente posible hoy mismo”, afirma Colina, aunque la depuración del PMO enfrenta mayores obstáculos políticos.