Con una inversión de 2.000 millones de dólares, ARPulp se instalará en Ituzaingó y promete transformar la economía regional.
La provincia de Corrientes avanza con el proyecto ARPulp, una inversión de 2.000 millones de dólares que se convertirá en el polo foresto-industrial más importante del país y uno de los más relevantes a nivel global. La iniciativa fue presentada oficialmente en Ituzaingó, con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, la CEO Alejandra Aranda y el director técnico Fernando Correa.
El proyecto se ubicará en el parque industrial local, que ya cuenta con infraestructura clave como un puerto propio sobre el río Paraná, fundamental para la exportación. La ventaja competitiva radica en el recurso natural: Corrientes posee unas 500.000 hectáreas forestadas, principalmente de pino, que crecen en condiciones excepcionales. Los árboles pueden cortarse en solo doce años, un tercio del tiempo que demandan en países como Finlandia o Suecia.
ARPulp apunta a producir celulosa de fibra larga, con productos de alto valor agregado como celulosa fluff para pañales y absorbentes, celulosa blanqueada para papeles y envases, y celulosa marrón para aplicaciones industriales. La demanda global de estos productos está en crecimiento, impulsada por la expansión del consumo en Asia, el envejecimiento poblacional y el auge del comercio electrónico.
La planta tendrá una capacidad inicial de 800.000 toneladas anuales, escalable a un millón, y podría generar más de 900 millones de dólares por año en exportaciones. Además, producirá su propia energía a partir de biomasa, con excedentes para la red eléctrica, sin uso de combustibles fósiles.
El impacto en la cadena forestal local será significativo: más de 200 aserraderos en la provincia podrán valorizar residuos y subproductos, mejorando los ingresos del sector primario. También se potenciará el puerto de Ituzaingó y se abrirán oportunidades para sistemas silvopastoriles.
El gobernador Valdés destacó la creación de miles de empleos directos e indirectos y una transformación estructural del mercado laboral. El proyecto busca operar hacia el final de la década, con énfasis en la licencia social, estudios ambientales y transparencia en la gestión.