La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio para pensiones no contributivas y modifica aspectos clave de la ley vigente, generando críticas en organizaciones del sector.
El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. La iniciativa, denominada «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Según el texto oficial, el proyecto deroga varios artículos de la ley actual que garantizaban la universalidad de las prestaciones. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y desregula la negociación arancelaria con obras sociales o prepagas.
Uno de los puntos más destacados es la «incompatibilidad absoluta» que establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, se eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio.
Desde Córdoba, organizaciones del sector expresaron su rechazo. Leandro Ator, presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre, señaló que el proyecto «es restrictivo, quita derechos y demoniza al colectivo de personas con discapacidad». Ator advirtió que la iniciativa apunta a romper con la universalidad del sistema garantizado por la Ley 24.901, que asegura el acceso a prestaciones con independencia de la capacidad económica.
El gobierno justificó la medida en el crecimiento de las pensiones por invalidez, que según datos oficiales pasaron de 76.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 en 2023. Sin embargo, desde las organizaciones cuestionaron esta cifra y el uso político de la misma, recordando auditorías anteriores donde se hallaron pocas irregularidades.
El proyecto se presenta en un contexto donde la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es investigada por presuntas coimas, en una causa que incluye menciones a Karina Milei.