Tras una ola de amenazas de tiroteo y bomba en escuelas, la fiscalía evalúa aplicar el Código Civil para que los responsables asuman los costos de los operativos policiales.
MAR DEL PLATA.- Una serie de amenazas de violencia, principalmente anuncios de «tiroteo», mantiene en alerta a establecimientos educativos de esta ciudad. Los hechos, que comenzaron a mitad de semana en un colegio privado, se extendieron rápidamente. Hasta este viernes, las notificaciones llegaron a unas 30 escuelas, tanto de gestión pública como privada.
Frente a esta situación, la Justicia adelantó que se darán los pasos necesarios para que los padres de los alumnos responsables de las amenazas deban hacerse cargo de los costos adicionales que demanden los operativos policiales y de seguridad desplegados. El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa inicial, confirmó que se analiza dar curso a la Fiscalía de Estado para gestionar el cobro de estos gastos extraordinarios.
La normativa que habilita este reclamo es el artículo 1.754 del Código Civil, que establece la responsabilidad patrimonial de los padres por los daños o costos derivados del mal accionar de sus hijos. Los casos detectados se encuadran en el delito de intimidación pública, que prevé penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, los sospechosos identificados hasta ahora son menores de edad e inimputables.
El primer caso detectado involucra a un joven de 17 años, quien fue notificado del delito. Paralelamente a las investigaciones, se implementó un esquema de presencia policial cercana a los establecimientos afectados y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. También se registraron, como novedad, amenazas de bomba que derivaron en desalojos y revisiones por parte del Departamento de Explosivos de la Policía Bonaerense.
Desde la Junta Regional de Educación Católica (Jurec) emitieron un comunicado instando a la supervisión adulta de las redes sociales que utilizan los jóvenes y a prestar atención a posibles señales de alerta. Asimismo, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil adecuó sus medidas para facilitar la recepción de denuncias y la atención especial de estos casos.
El contexto de estas amenazas se ve sensibilizado por lo ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno disparó contra sus compañeros. Las autoridades judiciales enfatizaron que, gracias a la huella digital que dejan este tipo de acciones, es cuestión de tiempo identificar a todos los responsables.