A través de un decreto, se modificó el Régimen de Aduana en Factoría, que ahora permite a todos los sectores productivos importar componentes sin pagar impuestos mientras se destinen a procesos industriales.
El Gobierno nacional amplió el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todos los sectores productivos, permitiendo así la importación de insumos sin el pago de derechos ni impuestos mientras estén destinados a procesos industriales. La medida, dispuesta a través del Decreto 252/2026, modifica un esquema vigente desde 2002 que en la práctica había quedado acotado principalmente a la industria automotriz.
Con los cambios, cualquier actividad podrá acceder al régimen, en un intento por reducir costos, mejorar la competitividad y fomentar la incorporación de valor agregado local. El RAF permite importar temporalmente insumos, partes y componentes sin tributar aranceles, siempre que se utilicen en la fabricación de bienes.
Cuando esos productos se exportan, los tributos no se pagan; si se destinan al mercado interno, el pago se difiere hasta la finalización del proceso productivo, lo que mejora el capital de trabajo de las empresas. Según se desprende de la normativa, el régimen también alcanza a proveedores de empresas exportadoras, lo que amplía su impacto a lo largo de la cadena de valor.
Entre los cambios centrales, se eliminan requisitos que funcionaban como barreras de acceso. Por un lado, deja de ser obligatoria la constitución de una garantía global única y se habilita el uso de cualquiera de las alternativas previstas en el Código Aduanero, lo que reduce la carga financiera para las empresas. Por otro, se suprime la exigencia de firmar acuerdos previos con cámaras sectoriales, una condición que limitaba el ingreso al régimen.
La implementación y regulación del RAF quedará bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberá definir los mecanismos operativos del nuevo esquema. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a mejorar la competitividad de la industria, reducir costos de transacción y fomentar el empleo.