El proceso judicial contra la abogada argentina Agostina Páez en Río de Janeiro avanza hacia su definición, con la querella apelando a un video viral de su padre para aumentar el reclamo económico y la defensa buscando limitar la responsabilidad penal.
Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de racismo, enfrentó este martes el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, Brasil. Originalmente, el proceso incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel, pero finalmente obtuvo un habeas corpus y, tras pagar una fianza de unos US$20.000, pudo regresar a la Argentina.
A horas del fallo, se conoció un video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, imitando a un mono y jactándose de ser «empresario, millonario, usurero y narco privado». La querella utilizó estas imágenes en los alegatos finales para solicitar una indemnización mayor a las víctimas, apuntando al presunto poder económico de la familia. Según los documentos a los que tuvo acceso este medio, se reclama un resarcimiento de poco más de US$150.000.
La abogada asistente de la acusación, Tamara Fejolo, calificó la grabación como una «clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas». Por su parte, la defensa de Páez, a cargo de Carla Junqueira, argumentó que la joven «no puede ser responsabilizada por los hechos de su padre» y que el video es un hecho ocurrido en otra jurisdicción.
La Justicia de Río de Janeiro concedió el habeas corpus a Páez bajo condiciones: el pago de la caución y la declaración de un domicilio actualizado en Argentina. Tras un cambio en su defensa, la acusada pidió disculpas públicas, afirmando: «He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso».
En la audiencia, la fiscalía redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima. La estrategia de la defensa busca que Páez afronte el proceso desde Argentina, mientras el tribunal brasileño define su situación penal.