La pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo es hoy la grieta central dentro del oficialismo libertario. Karina, como secretaria general de la Presidencia, controla la lapicera de las listas y el armado territorial junto al clan Menem (Martín y “Lule”) y operadores como Sebastián Pareja. Desde allí colonizó las delegaciones del Pami y la Anses, exigiendo en muchos casos aportes compulsivos de sueldos para financiar campañas.
Caputo, en cambio, se apoya en “Las Fuerzas del Cielo”, la militancia digital que lo sigue como estratega presidencial. Para equilibrar el poder territorial de Karina, buscó usar el Pami como trinchera con el respaldo de Mario Lugones, quien hoy apadrina a Esteban Leguízamo en la conducción.
El choque se agudizó en el cierre de listas de 2025: Karina marginó a casi todos los cuadros caputistas y pactó con el PRO, mientras Caputo quedó aislado y su gente denuncia “dedazos” y “cajas negras” en el Pami.
La tensión estalló en redes sociales, con trolls e influencers alineados a Caputo enfrentando directamente a Karina. No parece haber retorno.
El Pami no es solo una obra social. Su presupuesto para 2025 supera los 4,9 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las cajas más grandes del Estado. Y sus 38 delegaciones, distribuidas en todo el país, funcionan como una red territorial con impacto político. No es casual que este año varios directivos se postularan a cargos municipales, provinciales y nacionales.
Ese proceso derivó en denuncias sobre el financiamiento de las campañas. Dirigentes de La Libertad Avanza nombrados en el organismo fueron acusados de exigir aportes a empleados: entre el 10 y el 25 por ciento de sus sueldos. En Misiones, el abogado Adrián Núñez -referenciado en Karina Milei- fue denunciado por esa práctica. En Santa Cruz, un médico dijo que lo obligaron a aportar dinero para el alquiler de una sede partidaria. En La Plata, una contadora relató que debía transferir un millón de pesos mensuales a operadores del espacio. Denuncias dispersas, pero que configuran un patrón: el Pami como plataforma electoral y caja partidaria.
Las internas se agudizaron. Desde el caputismo se leyeron las auditorías de Leguízamo como un intento de recortar poder al karinismo en las provincias. Del otro lado lo acusan de manipular denuncias para justificar desplazamientos. El resultado fue una serie de renuncias y despidos fulminantes de directores.
Las licitaciones agravaron el cuadro. En mayo de 2025, el canal TN reveló que la compra de pañales para adultos -por un monto de 466 mil millones de pesos- fue adjudicada a Urbano Express SA. El esquema de entrega domiciliaria fue defendido por el Gobierno como una modernización que eliminaría intermediarios y fraudes. Pero gremios como ATE denunciaron sobreprecios y demoras: durante meses, miles de afiliados tuvieron que pagar de su bolsillo para acceder al insumo.
La semana pasada, un informe televisivo del programa “Y Mañana Qué” mostró que el Pami pagaba lentes intraoculares para cirugías de cataratas hasta diez veces más caras que en el mercado mayorista. ATE y más de 500 oftalmólogos denunciaron sobreprecios de hasta 500 por ciento, insumos de calidad deficiente y retornos ilegales a funcionarios. Leguízamo y Lugones rechazaron las acusaciones y defendieron la compra centralizada como un modo de garantizar trazabilidad y evitar prácticas riesgosas como la reutilización de insumos. Sin embargo, la fiscalía especializada en Pami abrió una investigación de oficio y el caso pasó a la agenda política nacional. Ambos episodios colocaron al organismo en el centro de la discusión pública. El Pami quedó asociado a denuncias de sobreprecios millonarios en contrataciones esenciales -pañales y lentes- y a acusaciones de recaudación compulsiva en las delegaciones.