POLÍTICA
Niels Olsen refuerza el control interno y busca frenar el ausentismo legislativo con sanciones económicas
En apenas dos meses de aplicación de controles más estrictos, la Asamblea Nacional ha descontado más de USD 70.000 a legisladores que han incurrido en atrasos o inasistencias. Así lo informó su presidente, Niels Olsen, quien busca marcar un nuevo estándar de responsabilidad parlamentaria.
Olsen detalló que esta medida es parte de una estrategia para erradicar la impuntualidad y falta de compromiso que, al inicio del período, obligaba a esperar hasta hora y media para instalar las sesiones por falta de cuórum.
Según el titular del Legislativo, se aplican sanciones no solo por no asistir, sino también por no delegar a los alternos. “Muchos prefieren dejar la silla vacía que titularizar, por conflictos personales u otros motivos. Eso ya no será tolerado”, enfatizó.
El esquema sancionador contempla multas por retrasos (USD 55,52) y ausencias completas (USD 158,63), descontadas directamente del rol de pagos de los legisladores infractores. Esta normativa está activa desde los primeros meses del actual período.
| La Derecha Diario
El Observatorio Legislativo reveló que entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, en el período anterior, se multó a cerca de 100 legisladores por faltas similares, generando descuentos por más de USD 52.000. La tendencia, sin embargo, se ha intensificado con la nueva administración.
Olsen ha señalado que su objetivo es evitar que el Pleno se convierta en un “circo o un show”, y recuperar la credibilidad institucional desde la asistencia puntual. La medida ha generado aprobación en sectores ciudadanos que demandan mayor control en el uso de recursos públicos.
El anuncio se dio mientras se reavivan tensiones por la selección de la nueva Judicatura, en la que el candidato de ADN, Fabián Fabara, enfrenta críticas. El contexto pone en evidencia la necesidad de fortalecer la ética legislativa.
Con esta política de sanciones, la Asamblea busca consolidar un modelo de mayor eficiencia y rendición de cuentas. El mensaje es claro: el tiempo de trabajo legislativo es también dinero público, y su desperdicio tendrá consecuencias concretas.
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