¡El Estado sigue siendo responsable!
Johana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017 a sus 23 años en la ciudad de La Plata. Su desaparición desató una enorme lucha impulsada por su mamá Marta, que fue a su vez acompañada por diversas organizaciones políticas y sociales de la región y que continúa hasta el día de hoy. Desde Juntas y a la Izquierda fuimos parte desde el primer día de esta pelea, hoy como ayer seguimos denunciando la responsabilidad del Estado y exigiendo justicia.
Johana fue víctima de una red de trata, explotación sexual y prostitución que aprovechó su situación de vulnerabilidad social (como la de tantas otras mujeres) para mantenerla cautiva. Esto fue denunciado por Marta la misma noche de su desaparición, pese a ello tanto la Policía como la Fiscalía (el Poder Judicial) prosiguieron el trámite como “averiguación de paradero” dejando correr en las primeras horas un tiempo valiosísimo para los casos que involucran trata de personas y violencia de género, la diferencia entre la vida y la muerte.
Esta dirección deliberada y nada inocente de la investigación sentaría las bases de la violencia institucional que marcaría la causa a lo largo de los años: dilaciones, complicidades, encubrimientos, amenazas a la familia, hasta un tiroteo en la casa de Marta. Violencia que se perpetuaría a pesar de haber logrado con la denuncia y la movilización el cambio de caratula y el paso a la justicia federal.
En ese sentido, es recién pasados dos años de su desaparición que son hallados restos del cuerpo sin vida de Johana en la zona de Palo Blanco, Berisso; una localidad cercana a la ciudad de La Plata. El año anterior una persona había denunciado la presencia de restos humanos en la zona, denuncia que no fue vinculado a la desaparición de Johana. Tampoco, por la orientación inicial de la investigación, fue separada de la investigación la policía bonaerense en los primeros meses; siendo evidentemente cómplice de la red de trata, la desaparición y el femicidio de Johana.
La red de trata operaba en la llamada “zona roja” de La Plata y, según la investigación en curso, el método de cooptación con fines de explotación sexual se centraba en el suministro de drogas, la dependencia y el endeudamiento, en un círculo sin fin del que es imposible salirse. Esta red de trata, como otras, operan con total impunidad con la complicidad de la policía, la justicia y los gobiernos; en definitiva con el total aval del Estado.
Luego de años de lucha, en mayo de este año se llevaron a cabo audiencias en el juicio vinculado a la causa principal por desaparición y femicidio, donde se investigan los delitos de encubrimiento, narcotráfico, falso testimonio y explotación económica de la prostitución ajena. Los imputados en dicha causa son Carlos Rodríguez, Hernán D’Uva Razzari , Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez, Paola Erika Barraza y Celia Giménez. Uno de los momentos más impactantes y conmovedores de esta etapa, fue el testimonio de Marta Ramallo, quien relató durante horas hechos que involucran a los imputados como parte de la red denunciada, el derrotero judicial padecido por la familia, todas las irregularidades en la investigación policial y judicial, las amenazas sufridas, como así también el profundo sufrimiento por el femicidio de su hija.
El caso de Johana no es un caso aislado, las crecientes denuncias por explotación sexual y desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes muestran la persistencia y la gravedad del problema. La trata de personas es un crimen aberrante cuya organización trae grandes ganancias a los capitalistas y requiere de diversas e intrincadas complicidades que involucran a las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el poder político, entre otros.
Este sistema capitalista perverso, que genera y se alimenta de las desigualdades, que aprovecha la vulnerabilidad económica social de las personas para profundizar la explotación sobre los cuerpos, que tiene una raíz profundamente machista y patriarcal, es el que hay que combatir. En especial en esta etapa, donde el gobierno ultraderechista y reaccionario de Milei pretende eliminar todos nuestros derechos y avanzar contra nuestras conquistas más elementales, incluidas las de género y diversidad.
Exigimos justicia por Johana y por todas las víctimas de la violencia machista y patriarcal, convencidas que la única forma de defender nuestros derechos y nuestras vidas es en las calles, movilizades y en unidad, contra la impunidad, la complicidad, contra todos los ataques, y contra este gobierno y este sistema que nos oprime.
Débora Bertone