El gobierno de Javier Milei y la Casa Rosada no logran avanzar con el proceso privatizador que se plantearon desde el 10 de diciembre de 2023. No solo por la maraña de regulaciones y la legislación, que es engorrosa de destrabar para la administración libertaria, sino tampoco porque por el momento no hubo gran interés por parte del sector privado.
El próximo e inminente decreto en relación con las privatizaciones será el de Aguas y Saneamiento Argentino SA, más conocida como Aysa. Se trata del decreto que establecerá cómo será el mecanismo de la privatización, pero en el Gobierno nadie habla de interesados. Tampoco, del valor eventual que podría tener la empresa. Por lo pronto, se espera que el 51% vaya a licitación pública para el futuro operador de la empresa, mientras que el 31% restante podría ir a la Bolsa de Valores. Por el momento, es todo una hipótesis. El 10% restante queda a favor de los trabajadores.
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Un rasgo muestra la dilación que el Gobierno tiene en materia privatizadora, pese a que a su narrativa apunta al desprendimiento de todo lo estatal. El pasado 17 de junio, salió en el Boletín Oficial el decreto 416/25 con el que la administración libertaria fijó la forma en la que se venderían las empresas, 18 meses después de iniciada la gestión. Las acciones de las empresas públicas se podrán vender de manera online o con subastas públicas.
El decreto fue coincidente con una frase del ministro Luis “Toto” Caputo, quien dijo que las ventas de las empresas públicas irían a engrosar las reservas del Banco Central. ¿Será la urgencia de reservas lo que apura a Caputo?
Quien está a cargo de las privatizaciones es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y quien reporta directamente al asesor Santiago Caputo. Por ahora no ha habido resultados, salvo por Impsa, la única empresa pública que fue efectivamente privatizada. Fuera de ello, no hubo resultados.
Toto Caputo dijo que las ventas irían a engrosar las reservas del Banco Central
Una empresa insignia es Aerolíneas Argentinas, la cual quedó fuera de la ley Bases por presión de legisladores y gobernadores. En un pedido de información pública realizado por PERFIL, se señala que los directores trabajan “ad honorem”. Un dato sorprendente. Diego Colunga, director de la empresa, quien llegó a esa silla por el asesor Caputo, trabaja gratis, según la información remitida por la empresa.
Con todo, Aerolíneas tiene una ley pendiente de tratamiento para su privatización en el Congreso y no será tratada este año, sino hasta el año entrante, cuando la composición legislativa recambie.
El caso de Belgrano Cargas
El avance privatizador por parte de los libertarios ha sufrido problemas técnicos a su vez. La situación del Belgrano Cargas es paradigmática. Fue uno de los primeros anuncios por parte del Gobierno; sin embargo, lo que se lanzaba era la concesión y explotación del servicio y no la privatización de la empresa.
El 21 de abril de este año lanzó una licitación pública (34-2025) en la que se solicita “asesoramiento legal” para la confección de pliegos. En la práctica, se trata de la contratación de una consultora para confeccionar los pliegos, dado que hubo errores en las primeras licitaciones por desconocimiento del sector.
Los tres ramales Belgrano, Urquiza y San Martín, las continúa operando Trenes Argentinos Carga, es decir, el Estado nacional.
En el mundillo ferroviario cayó mal. Es que sostienen que hay sobrada experiencia en los técnicos para poder realizar los pliegos licitatorios. A Belgrano Cargas lo conduce Alejandro Núñez, quien responde también al asesor Caputo.
El sector ferroviario suma más problemas. El pasado 19 de junio, a través de la resolución 822/2025, Economía prorrogó por tercera vez la concesión del contrato de la carguera Nuevo Central Argentino (NCA), en esta ocasión por solo 30 días. El servicio está vencido hace tres años. NCA administra la línea Mitre y la idea de la prórroga es que la empresa presente un plan de adecuación para inversiones. Un horizonte que hoy parece una quimera, mucho más pensando que la prórroga vence el próximo 24 de julio.
Lo que sí hubo en el sector ferroviario son cierres y despidos. Aproximadamente se redujeron en cinco los puestos de trabajo, entre despidos y contratos discontinuados.
En las empresas de transporte también hubo ruido con la salida de Franco Mogetta. Hay quienes señalan que su despido se debió al mal manejo de los subsidios, y que encontró una forma “elegante” al salir como eventual candidato en Córdoba. El actual secretario del área, Luis Pierrini, proviene de la industria de los seguros.
Otra de las empresas que quedaron a tiro de privatización es Intercargo, que brinda servicio de rampa en los aeropuertos del país. En marzo de este año el Gobierno avanzó con el adecuamiento normativo, pero todavía no hay interesados, o al menos no trascienden.
LLA no escapa a los ruidos por el mal manejo de los subsidios en transporte
Algunas otras empresas o entidades estatales comenzaron a sufrir una transformación societaria. Tal fue el caso del Banco Nación, que depende del Ministerio de Economía. Fue modificada a Sociedad Anónima, y su privatización también fue resistida en la ley Bases.
Lo mismo sucede con Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) que fue transformada a una SA.
La empresa estatal Fabricaciones Militares, que tiene cinco plantas en distintas partes del país fue transformada en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Fuentes del sector señalaron a este diario que el proceso de venta está lejos de concretarse.
Por ahora, Chaher, cuyo antecedente más notable inmediato fue el desguace de la ex-Télam (fue reducida, pero no se privatizó ni se cerró) no ha logrado avances sustanciales.
En algunos despachos de la Casa Rosada se atajan y recuerda que el expresidente Carlos Menem “demoró dos años” en avanzar con el proceso privatizador y destacan que esto no es sencillo.
Lo que sí logró la administración libertaria es reducir sustancialmente las transferencias por parte del Tesoro, que cayeron un 70%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Con todo, algunas empresas públicas parecen lejos del recorte. En Nucleoeléctrica SA, Demián Reidel cobra más de $ 14 millones de honorarios como presidente de la compañía.
Nueva renuncia: Gabriel Oriolo en Salud
Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, renunció a su cargo alegando motivos personales. La renuncia será efectiva este lunes mediante Boletín Oficial.
De acuerdo a fuentes libertarias, la salida fue en buenos términos y conversada con el ministro de Salud, Mario Lugones. El reemplazo de Oriolo ya está definido: será Claudio Stivelman, gerente general del organismo. “Esto sginifica que se mantiene el rumbo de las reformas que ya se venían aplicando desde el inicio de la gestión”. destacaron. Incluso, dijeron que Oriolo, de 30 años en la gestión privada, participó de la designación de su sucesor. Se trata del funcionario número 147 que abandona la administración Milei.