Un fallo judicial obligó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a mantener activa la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos. El juez Edward Chen suspendió la decisión de la administración Donald Trump que iba a cancelar este beneficio. El fallo beneficia a unas 350 mil personas.
El 31 de marzo, el juez Chen del Tribunal de Distrito del Norte de California ordenó mantener la notificación publicada por el DHS el 17 de enero de 2025. Esa medida ampliaba el TPS otorgado en 2023 por 18 meses, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los beneficiarios actuales podrán conservar su estatus si se reinscriben dentro del período estipulado, que finaliza el 10 de septiembre.
La decisión del juez, expresada en un fallo de 78 páginas, se dio una semana antes de la fecha límite establecida por la secretaría a cargo de Kristi Noem. La funcionaria había revocado la extensión decidida por el gobierno de Joe Biden, y planeaba terminar el TPS para cientos de miles de personas.
En su resolución, Chen afirmó que la medida del gobierno “inflige daños irreparables” a cientos de miles de personas. Aseguró que sus vidas, familias y fuentes de ingreso se verían gravemente afectadas. El magistrado indicó que la cancelación podría costarle miles de millones de dólares a la economía de Estados Unidos y perjudicar la salud y la seguridad de muchas comunidades.
Asimismo, consideró que el gobierno no presentó ningún argumento válido para justificar la cancelación del TPS. También destacó que los demandantes probablemente demuestren que la acción de Noem fue “ilegal, arbitraria, caprichosa y motivada por prejuicios inconstitucionales”. La suspensión del TPS para venezolanos habría sido la primera acción de ese tipo desde la creación del programa en 1990.
El fallo responde a una demanda presentada por siete personas beneficiarias del TPS y la organización National TPS Alliance (NTPSA, por sus siglas en inglés). Según consta en la causa, la entidad representa a más de 84.000 venezolanos con TPS que residen en los 50 estados de EE.UU. La acción legal contó con el respaldo de ciudades, condados y estados de todo ese país.
Durante la audiencia, los abogados del gobierno defendieron que el Congreso otorgó a la secretaria amplios poderes sobre el TPS. En ese sentido, alegaron que las decisiones no podían ser revisadas por los tribunales y que los demandantes no tenían derecho a frenarlas. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos.
En tanto, el magistrado destacó que Noem y Trump emitieron comentarios falsos y despectivos sobre los venezolanos. En específico, sostuvo que esos discursos reflejan prejuicios raciales. También señaló que las acusaciones sobre supuestos antecedentes penales o trastornos mentales de los beneficiarios no tenían sustento.
La resolución judicial incluyó datos sobre la situación socioeconómica de los venezolanos con TPS. De acuerdo con el fallo:
Los beneficiarios del TPS pagan millones de dólares en impuestos y tienen tasas de criminalidad menores que el promedio nacional. Según el juez, estos datos desmienten los argumentos utilizados por la administración Trump para cancelar las protecciones.
El programa TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones hacia países en crisis. La extensión actual responde a la situación de Venezuela, que el Departamento de Estado catalogó como “Nivel 4: No viajar” por riesgos de violencia, detenciones arbitrarias y colapso institucional.
La decisión del juez Chen “suspende las acciones impugnadas hasta que se resuelva el fondo del caso”. El gobierno tiene una semana para apelar el fallo que afecta a más de 350 mil venezolanos. Por su lado, los demandantes pueden solicitar la suspensión de las medidas que impactan en 500 mil haitianos, cuyos permisos bajo el TPS vencerán en agosto. Mientras tanto, los beneficiarios podrán conservar su estatus hasta 2026.