POLÍTICA
La falta de consenso en el Senado y la necesidad de completar el tribunal motivaron esta medida. Los antecedentes.
Tal como lo anticipó La Derecha Diario, el presidente Javier Milei firmó el decreto por el cual designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema.
La decisión se anunció en la red social X y responde a la negativa del Congreso de completar el proceso de nombramiento, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir a un mecanismo constitucional con antecedentes en la historia reciente.
El antecedente de Macri y la parálisis legislativa
El decreto de Milei no es un hecho inédito. En 2015, el expresidente Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a través de un decreto, en un contexto donde la Corte también funcionaba con solo tres miembros. La falta de consenso en el Senado y la necesidad de completar el tribunal motivaron aquella medida, que posteriormente fue convalidada por el Congreso.
| La Derecha Diario
En el caso actual, desde mayo pasado el Gobierno intentó conseguir el aval del Senado para la designación de Lijo y García-Mansilla, pero las negociaciones no prosperaron. A pesar del respaldo de varios gobernadores peronistas, como Gerardo Zamora, la falta de definiciones dentro del bloque de Unión por la Patria y la presión de sectores del PRO impidieron alcanzar los dos tercios necesarios. La oposición, encabezada por Cristina Kirchner y el kirchnerismo, optó por una postura obstruccionista, incluso negándose a dar quórum para el debate.
La necesidad de una Corte Suprema completa
Con esta decisión, el Gobierno busca solucionar el funcionamiento limitado del tribunal, que hasta ahora operaba con solo tres miembros. La Corte Suprema tiene un papel fundamental en la estabilidad institucional del país y en la garantía de seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo económico.
| La Derecha Diario
Lejos de ser una medida arbitraria, el decreto se enmarca dentro de los mecanismos previstos por la Constitución para destrabar una crisis institucional generada por la inacción del Senado.
El impacto político y las perspectivas
Si bien la medida genera controversias, la historia demuestra que la designación de jueces por decreto es un recurso legítimo cuando el Congreso bloquea el avance institucional. La negativa de sectores del peronismo y del PRO a negociar dejó al Gobierno sin otra alternativa.
| La Derecha Diario
Con esta decisión, Milei refuerza su imagen como un presidente que toma medidas firmes frente a la parálisis legislativa. La designación de jueces por decreto no solo es legal, sino que responde a la urgencia de fortalecer la institucionalidad del país.
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