El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que en el Gobierno nacional hay «preocupación» por el incremento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el Conurbano bonaerense.
«Sabemos que garantizar la seguridad de los bonaerenses es muy importante. Aunque la responsabilidad es provincial, nosotros estamos preocupados y listos para ayudar en lo que sea útil», indicó Francos durante una entrevista con Radio Mitre.
También destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una buena relación con su contraparte provincial, lo que facilitaría un trabajo conjunto.
La situación también generó un fuerte contrapunto entre la administración de Axel Kicillof y la de Jorge Macri en la Ciudad.
Según detalló Francos, «el incremento de la actividad delictiva en la provincia es evidente», basado en datos reflejados en informes mediáticos y las preocupaciones expresadas por vecinos en distintas localidades del conurbano bonaerense.
Desde la administración nacional subrayaron la importancia de superar diferencias políticas para garantizar soluciones efectivas. «Esto no se trata de rivalidades entre gobiernos, sino de actuar para proteger a la ciudadanía», puntualizaron.
«Yo creo que habrá que hablar mucho con la provincia. Yo sé que la ministra Bullrich tiene muy buena relación con el ministro de Seguridad de la provincia y estamos dispuestos a colaborar de la forma que sea necesaria, más allá de quién gobierna y si es un rival político o no», insistió.
Inseguridad en el conurbano bonaerense
La situación de la inseguridad en el Conurbano generó en las últimas semanas un fuerte contrapunto entre las autoridades bonaerenses y las porteñas, que decantó en una reunión entre los ministros de Seguridad de ambas jurisdicciones el último lunes.
Javier Alonso, funcionario bonaerense, y Waldo Wolf, su par porteño, se reunieron en el Comando de Puente 12 situado en el partido de La Matanza. El encuentro surgió como respuesta a la preocupación pública manifestada por la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a raíz de los asesinatos sufridos por efectivos de la policía metropolitana en jurisdicción de la Provincia que gobierna Axel Kicillof.
Según cifras oficiales de la administración macrista, 13 de los últimos 14 policías porteños asesinados fueron muertos en territorio bonaerense. Se estima que más de 20 mil efectivos de la Ciudad vienen del conurbano para cumplir servicio.
Tras la cumbre de ministros, Wolf comunicó en sus redes sociales una reseña genérica del plan de trabajo conversado. Sin embargo, Alonso realizó un fuerte descargo en el que sacó a relucir todo el malestar del gobierno bonaerense por el debate instalado desde el macrismo porteño.
«En repetidas ocasiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la Provincia de Buenos Aires», introdujo el ministro de Kicillof.
Rápidamente llegó la respuesta de Wolff: «Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos», escribió molesto el titular de la cartera de seguridad en CABA.
Qué hay detrás del enojo del Gobierno con Rodolfo Barra
Durante años, los Registros del Automotor han operado en colaboración con una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta asociación empleaba a 2.500 trabajadores que prestaban servicios para el Ministerio de Justicia y gestionaban el pago de incentivos adicionales a los salarios base. Estos incentivos permitían, por ejemplo, que un director del Ministerio liderado por Mariano Cúneo Libarona pudiera duplicar su sueldo en comparación con los directores de otras áreas gubernamentales.
El 31 de diciembre, el Gobierno decidió rescindir el convenio con ACARA, lo que resultó en el despido de la mayoría de los empleados. Algunos lograron ser recontratados en la administración pública, aunque bajo contratos temporales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y no como personal de planta permanente. Se estableció que los salarios cubrirían entre el 80% y el 90% de lo que recibían anteriormente, excluyendo los incentivos. Los acuerdos fueron firmados por cada trabajador y homologados en el fuero laboral, incluyendo una cláusula donde los empleados renunciaban a realizar futuros reclamos relacionados con estas condiciones.
Sin embargo, una trabajadora identificada como A.T. presentó una impugnación contra la decisión del Ministerio de Justicia de eliminar su incentivo. Al tratarse de una demanda contra la administración pública, el equipo liderado por Cúneo Libarona solicitó un dictamen a la Procuración del Tesoro, órgano encargado de representar legalmente al Estado, anticipándose a un eventual litigio en la justicia laboral. Aquí es donde, según el Gobierno, comienzan los errores críticos de Rodolfo Barra.
El exministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y perjudica los intereses del Estado. Según el documento, el incentivo percibido por A.T. tenía carácter remunerativo, lo que validaba su reclamo y le daba derecho a exigir su reincorporación. Además, el dictamen sugería que el Ministerio debía ajustar la situación para garantizar la legalidad del contrato. Aunque no vinculante, el informe dio argumentos al fuero laboral para fallar a favor de la trabajadora, generando profundo malestar en la Casa Rosada.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Barra no firmó personalmente el dictamen, delegando la tarea a su adjunto, Marcos Serrano. Ante los reclamos por parte del Ejecutivo, Barra intentó desvincularse de la decisión y trasladó la responsabilidad a Serrano. Este acto fue interpretado como una deslealtad hacia su equipo y una subestimación de los interlocutores gubernamentales, quienes consideran evidente que un dictamen de tal magnitud debe ser avalado por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de las fallas técnicas y administrativas, el caso tiene una dimensión política significativa. Para Javier Milei y su entorno, la situación era insostenible., Desde su perspectiva, es inaceptable que el abogado del Estado emita un dictamen que favorezca a una parte contraria al propio Gobierno.