El fiscal general Diego Luciani habló sobre la investigación que realizó contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, que derivó en la primera condena por corrupción de la expresidenta. Al respecto, aseguró que durante esos tres años fue víctima de «todo tipo de operaciones siniestras», indicando que vivió «un verdadero espionaje» de sus actividades.
“Hace mucho tiempo tengo ganas de decir esto, los fiscales nos vimos sometidos a todo tipo de operaciones siniestras. Se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personal, familiares, de todos los magistrados”, indicó en el encuentro organizado por la Asociación de Fiscales, que convocó a medio centenar de colegas suyos, entre ellos, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
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«Incluso hubo un diputado oficialista que apenas comenzó nuestro alegato, el mismo día, solicitó nuestras declaraciones juradas de bienes. Al parecer sólo encontró deudas porque no hizo nada con eso”, añadió Luciani. En esa línea, recordó otros hechos que transcurrieron durante el debate oral: “Parece que las declaraciones juradas eran algo importantes, porque se robaron declaraciones juradas de jueces. Vamos a recordarlo, hay que recordar estas cosas».
«Esto pasó hace poquito. Se hackearon teléfonos de magistrados y de fiscales. Se inició un juicio bochornoso contra los jueces de la Corte y algo similar se intentó hacer con Procurador General de la Nación. Los ataques fueron tan graves que varios organismos internacionales alertaron sobre la hostilidad de ese Gobierno contra el Poder Judicial, los fiscales y la prensa independiente”, continuó, a la par que aseguró que «los atropellos continuaron» contra quienes llevaron adelante el juicio de Vialidad.
Al respecto, contó que a principio de 2023 la Secretaría de Derechos Humanos «que debiera concentrar todos sus esfuerzos en constatar cómo la corrupción se lleva puesta en los Derechos Humanos con el dinero de todos los argentinos, elaboró y distribuyó un folletín, un pasquín, para difundir mentiras y descalificar investigaciones y condenas por hechos graves de corrupción». «Esto se trató ni más ni menos de una propaganda financiada por el Estado para defender a los corruptos. Algo nefasto. Todo el Estado todo puesto al servicio de la corrupción”, sentenció.
Continuando con las acusaciones contra la gestión de Alberto Fernández y Kirchner, el fiscal afirmó que junto a su par Sergio Mola padecieron “intervenciones sistemáticas del presidente de la Nación; de sus ministros, entre ellos, [Martín] Soria, ministro de Justicia; algunos gobernadores; jefes de Gabinete que hoy son ministros en la provincia. Y otros funcionarios, una vergüenza». «En especial durante los alegatos, yo, mi familia, el doctor Mola fuimos sometidos a todo tipo de operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos”, subrayó.
Si bien describió haber vivido «presiones [del poder político], operaciones mediáticas vergonzosas, intromisiones indebidas y presiones impensadas en democracia», aseguró que con su equipo de trabajo «nunca dudamos de lo que debíamos hacer». «Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones, nos aferramos a la prueba, nos aferramos a la ley, nos aferramos a la Constitución Nacional y no pudieron doblegarnos”, remarcó.
Sus dichos sobre la Causa Vialidad: «Una estructura sistemática de corrupción»
También se refirió a la causa Vialidad, a través de la cual el pasado 13 de noviembre la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó por unanimidad las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Al respecto, el fiscal caracterizó la investigación como “un caso emblemático de corrupción pública» e hizo mención de las dificultades que afrontaron junto a Mola cuando se llevó a cabo el debate oral que se extendió durante más de tres años. “Con la particularidad de este caso que se desarrolló mientras la máxima responsable de la colosal defraudación al Estado era vicepresidente de la Nación. Es decir, con todo el poder político a su favor y obviamente en contra de nosotros”, expresó Luciani.
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Por ese motivo, se refirió a “los esquemas corruptos” que “prevalecieron desde el Estado”, los “mecanismos de impunidad pretendidos”, entre otros conceptos relacionados al expediente. Al respecto, el eje principal de la convocatoria fue la lucha del Ministerio Público contra la corrupción, por lo cual el caso de la expresidenta fue retomado por el fiscal.
De esa manera, señaló que tanto en la acusación formulada, como en la sentencia del tribunal oral y en la condena confirmada por Casación “quedó demostrado que los condenados crearon un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública en la provincia de Santa Cruz en la que se resquebrajaron y se violentaron todos los principios esenciales de la contratación pública”.
En esa línea, sostuvo que, en función de la “cuantiosa prueba analizada”, tuvieron la certeza “de que los máximos responsables políticos del país crearon y mantuvieron durante doce años una estructura sistemática de corrupción”. “El fracaso del sistema corrupto en busca de impunidad provocó que el poder político utilizara otros medios inimaginados en democracia”, continuó.
Y agregó: “La gran corrupción es uno de los grandes flagelos que sufre la Argentina, que erosionan instituciones democráticas desde hace por lo menos treinta años. Esto mientras los gobernantes corruptos se enriquecen a costa del sacrificio de las sociedades. Porque hay que decirlo muy claro: la gran corrupción es un atentado contra la democracia”.
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Al cierre de su alocución, señaló que si bien el proceso de juicio se dirige al Tribunal y las partes, el Ministerio Público Fiscal también «le habla a la sociedad». Por ese motivo, explicó que utilizaron «un lenguaje claro» porque querían «que la sociedad entienda lo que había sucedido durante doce años”.
Siguiendo ese argumento, sostuvo que era importante “mostrar las 24 rutas abandonadas», así como «el fabuloso perjuicio, las colosales ganancias de los corruptos», tomando como ejemplo a Lázaro Báez, quien era un monotributista que «con impunidad había adquirido 420 mil hectáreas en tierra». «Eso es veinte veces la Ciudad de Buenos Aires, siete ciudades de Madrid… Ahí vemos el colosal de fraude y el perjuicio para el Estado. Esto, sin contar más de mil bienes muebles, aviones, camiones, más de trescientos inmuebles», concluyó.
MB/ML